La defensa jurídica es una cobertura adicional a ciertos contratos de seguros, como pueden ser los de hogar, automóviles etc …. o bien una póliza de seguros independiente, mediante la cual el asegurador deberá satisfacer todos los gastos en los que incurra el asegurado como consecuencia de un procedimiento judicial.
Esta cobertura suele ser ilimitada cuando es la propia aseguradora la que se encarga de la dirección del litigio o tener un importe máximo fijado si el asegurado contrata un abogado independiente de su confianza, ajeno a la compañía. Los importes máximos vienen regulados en la póliza y pueden oscilar desde 200.- € a 6.000.- €, o incluso más.
Nuestra experiencia nos ha confirmado que la mayoría de los asegurados desconocen la existencia de esta cláusula, ya que suelen prestar más atención al importe total de la prima que a las garantías cubiertas. En RC Plus Abogados recomendamos leer detenidamente la póliza antes de su contratación, ya que, en caso de accidente, es importante que el importe máximo por defensa jurídica para la contratación de un abogado independiente sea lo más elevado posible, ya que de esa forma podrán optar por la contratación de un profesional imparcial que defienda sus intereses, que sea de su confianza y, al mismo tiempo, recuperar sus honorarios. Esta opción es la más recomendable para el asegurado ya que de esta forma sus intereses serán debidamente defendidos y obtendrá la máxima indemnización que le corresponde.
Incluso en aquellos casos en los que exista un conflicto de intereses, es decir, en aquellos casos en los que la compañía demandante y demandada sean la misma, podrías recuperar la totalidad de los honorarios de tu abogado y procurador, ya que en el mes de julio de 2016, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que condenaba a una compañía aseguradora a abonar los honorarios íntegros en los que había incurrido el asegurado en la reclamación de su indemnización de lesiones derivada de un accidente de tráfico, sin que pudiera serle oponible el importe máximo establecido en póliza. En este supuesto la compañía del demandado y la del asegurado eran la misma, y el Tribunal Supremo entiende que existe un claro conflicto de intereses, que obliga al asegurado a demandar a su compañía para cobrar la indemnización que le correspondía. Adicionalmente el tribunal entiende que la cláusula que regula el importe máximo para la contratación de un abogado ajeno a la compañía de seguros es una cláusula limitativa de derechos que debe estar expresamente aceptada por el asegurado y resaltada en el condicionado particular, cosa que en el caso de autos no existía.
Esta sentencia clarifica la postura de los tribunales y abre las puertas a futuras reclamaciones a las compañías que en el pasado negaban injustamente a sus asegurados el abono de los honorarios del abogado contratado. Si te encuentras en este caso ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos gratuitamente.